‘El mayor impacto ha sido instalar y consolidar la sustentabilidad en la edificación, de forma estandarizada y con verificación de terceras partes del funcionamiento de las estrategias incorporadas a un proyecto’, afirma Hernán Madrid, jefe de CES, agregando que esto se refleja en los más de 500 proyectos de todas las regiones del país que hoy se encuentran en distintas etapas de la evaluación para obtener la certificación.
En la industria hay consenso en que la iniciativa ha impulsado una nueva dinámica de competencia, especialmente en el sector público, donde las empresas que suministran insumos para la construcción se han visto obligadas a incorporar rápidamente parámetros de sostenibilidad para satisfacer la creciente demanda de edificios sostenibles, algo similar a lo que ocurre con las constructoras, cuya reputación mejora con la ejecución de obras de esta categoría.
Las razones
La popularidad de este tipo de construcción tiene relación, por una parte, con los beneficios que otorgan a las personas.’Los edificios certificados ofrecen espacios que se destacan por su calidad del aire, confort térmico, acústico y luminosidad, lo que, a su vez, tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de sus ocupantes’, explica Nathalie Jaimes, coordinadora de Proyectos de B-Green, empresa asesora de la certificación.
Por otra parte, la incorporación de tecnologías que reducen el consumo de energía y agua en las edificaciones certificadas también son un aporte en el camino a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la ONU.
En ese sentido, Jaimes detalla que se vincula con metas como energía asequible y no contaminante, ya que los diseños reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. También apuntan a tener ciudades y comunidades sostenibles, a través de la implementación de planes de manejo durante la construcción y la etapa posterior de operación.
Entre los 17 edificios certificados en 2022 están las nuevas oficinas administrativas de la central hidroeléctrica Colbún, en la región del Maule. Pablo Gazzolo, gerente de Comunicaciones de la firma, detalla que avanzar hacia este proceso les permitió implementar medidas para incorporar elementos de sustentabilidad y optimización de los equipamientos utilizados, así como el método y materialidad de las instalaciones.Y agrega que, al final, lograron llegar a altos niveles de confort térmico, calidad visual, estándares acústicos, manejo de residuos y eficiencia energética.
Otro de los certificados fue el Hospital de Curicó. Carolina González, coordinadora de Proyectos de la institución, señala que este logro dejó ‘un alto estándar base para próximos proyectos, que nos obliga a seguir considerando e incluyendo nuevas condiciones y exigencias para conseguir construcciones sustentables’.
Para Tatiana Vidal, docente de la Escuela de Construcción de Duoc UC sede Puente Alto, con estos avances es posible tener datos duros que avalen las estrategias de sustentabilidad de cada organización. La académica también destaca el rol que tienen estas certificaciones para contribuir al cumplimiento de las metas que el país se ha trazado, como la carbono neutralidad al 2050.
Financiar infraestructura sustentable
Si bien en los últimos años se han desarrollado iniciativas para promover la construcción sostenible y su financiamiento, el sector aún enfrenta desafíos en esta materia. ‘Estamos al debe con la reglamentación térmica, que está 15 años atrasada, y eso perjudica el desarrollo de viviendas de calidad que entregan espacios saludables, sobre todo en lo privado’, advierte Vidal.
El análisis de Jaimes es similar y, a sus ojos, pese a que se han promulgado leyes para fomentar la inversión en proyectos sostenibles, hoy se necesita una mayor celeridad en este proceso, además de ampliar la gama de industrias que abarca la legislación para posicionar a la construcción sustentable como una prioridad. ‘A pesar de los avances, la industria muestra resistencia al cambio en la adopción de nuevas tecnologías y prácticas sostenibles. Esto podría deberse, en parte, a la falta de información que disipe la incertidumbre en torno a posibles riesgos financieros asociados’, concluye la coordinadora de proyectos de B-Green.