La iniciativa, patrocinada por los diputados Gustavo Benavente, Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo, Felipe Donoso, Juan Fuenzalida, Joaquín Lavín, Cristóbal Martínez, Cristhian Moreira y Renzo Trisotti, junto a la diputada Marta Bravo, modifica la Ley General de Bancos y la Ley que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, para facilitar la adquisición de viviendas mediante su compra a través créditos hipotecarios a extranjeros no residentes.
La importancia de la construcción, señalan los autores de la moción, es un motor importante para la economía. Directamente genera desarrollo, inversiones, crecimiento y lo más importante, puestos de trabajo, y tiene una incidencia significativa para el mercado financiero, el área comercial y las actividades económicas complementarias. Sin embargo, advierten que esta actividad está en decadencia, como consecuencia, entre otros factores, por la pandemia, la inflación, el bajo crecimiento económico, las restricciones crediticias, la excesiva burocratización e incerteza jurídica y de plazos, por lo que la reactivación de este sector es urgente.
En referencia a estadísticas, señalan que la inversión en viviendas privadas, el año 2023, cerró con una caída del 8.0% en relación con el año anterior y se proyecta que la inversión del año 2024 caerá un 5.3%. Por otro lado, la velocidad de venta de inmuebles se ha mantenido por sobre los 25 meses, generando un sobre stock que supera las 100 mil unidades a nivel nacional sin que exista una demanda actual frente a dicha oferta. En particular, en la Región Metropolitana, que representa más del 50% del sobre stock existente, la velocidad de venta llega a casi 30 meses.
Luego, hacen presente que durante el primer semestre del año 2018, un grupo de parlamentarios propusieron al Ministerio de Economía que los extranjeros no residentes en Chile pudiesen ser sujetos de crédito para efectos del otorgamiento de créditos hipotecarios por parte de las Instituciones Bancarias, colocando el foco en potenciales clientes de provincias fronterizas, especialmente San Juan y Mendoza, generando un nuevo espacio de negocios y de inversión el cual no estaba desarrollado. Sólo considerando las provincias argentinas que limitan con Chile, afirman, se ampliaría el mercado en más de ocho millones de personas. Si bien la idea quedó estancada por los hechos ocurridos post 18 de octubre de 2019 y luego por la pandemia, en la actualidad, a petición del Delegado Presidencial de la Región de Coquimbo, se hicieron gestiones en el Ministerio de Economía, la Unidad de Análisis Financiero, el Banco Estado y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, para reactivar dicha propuesta, toda vez que sería una buena medida para la reactivación económica de las regiones y al mismo tiempo, para seguir mejorando las relaciones con las provincias limítrofes de Chile y Argentina.
Connotan que la experiencia comparada da cuenta que en Chile tenemos un mercado no desarrollado que podría ser un impulso importante en materia de inversión, crecimiento y generación de empleos. Resaltan el caso emblemático del estado de Florida en EEUU que en la última década se ha enfocado en la atracción de compradores extranjeros. Un estudio elaborado por la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami en octubre de 2021, demuestra que los principales países que adquirieron propiedades en el sur de Florida fueron latinoamericanos, entre agosto de 2021 y julio de 2022, los extranjeros invirtieron US$6,8 mil millones en compra de propiedades en Miami Dade.
En cuanto a la realidad nacional, afirman que no obstante la inexistencia de una normativa que prohíba el otorgamiento de créditos hipotecarios a extranjeros no residentes en Chile, en la práctica, debido a un sinfín de requisitos y regulaciones, esto no opera.
Por lo anterior, proponen que se legisle para facilitar el otorgamiento de créditos hipotecarios para adquisición de inmuebles habitacionales a los extranjeros no residentes en Chile por parte de las instituciones que tengan por finalidad financiar este tipo de operaciones crediticias.
En concreto, la iniciativa modifica la Ley General de Bancos, para agregar, en el artículo 69, número 3, la frase “a chilenos y extranjeros residentes o no residentes en Chile”.
También proponen modificar el artículo 1, inciso segundo, de la Ley 19.281, que establece normas sobre arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa, para agregar la frase “chilenos o extranjeros”.
El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional radicado para su estudio en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara Baja.
Fuente: Diarioconstitucional.cl